Después de dos años de intensas negociaciones y más de una década de trabajo sostenido, las cooperativas de clasificadores de residuos Burgues, Durán, Géminis y La Paloma firmaron un nuevo contrato con la Intendencia de Montevideo. Este acuerdo marca un hito en la política de gestión de residuos de la capital, al establecer un marco más justo, transparente y sostenible para la valorización de materiales reciclables.
El nuevo contrato reconoce oficialmente a las cooperativas como actores clave en la economía circular del departamento. Estas organizaciones, nacidas en 2014 a raíz de la Ley de Envases No Retornables y transformadas en cooperativas autogestionadas desde 2020, han logrado profesionalizar un trabajo históricamente invisibilizado. Su tarea consiste en recibir, clasificar y enfardar materiales reciclables, devolviéndolos al circuito productivo y evitando así que terminen en el vertedero.
Uno de los principales avances del nuevo acuerdo es la inclusión de condiciones económicas estables, con un monto base mensual que asegura un ingreso digno para sus integrantes. Además, se incorporan indicadores de eficiencia técnica, un sistema de trazabilidad digital para los materiales y la creación de comisiones de seguimiento con participación de las cooperativas y de la Intendencia. Todo esto busca garantizar transparencia y mejorar la planificación del sistema.
El contrato también reafirma la autonomía cooperativa, al reconocer que los materiales recuperados son propiedad de cada cooperativa, que podrá organizarlos y comercializarlos de forma independiente. Otro aspecto relevante es el anexo de inclusión social, que prevé la incorporación de personas excluidas del sistema formal de reciclaje —como mujeres, personas trans, jóvenes o mayores— con acompañamiento técnico y social.
Este modelo mixto, con base legal y financiamiento compartido entre el sector público y la industria, está alineado con la Ley General de Gestión Integral de Residuos. La Intendencia de Montevideo, como gestora de los residuos, tiene el compromiso de abastecer a las plantas con materiales provenientes de diversos sistemas de captación: contenedores “come-botellas”, ecocentros, bolsones domiciliarios y recolección en grandes superficies, entre otros.
Para las cooperativas, este contrato no es solo un acuerdo administrativo: representa el reconocimiento de una historia de lucha, dignidad y militancia ambiental. Son organizaciones que además de reciclar, crean empleo, promueven el cuidado del ambiente y construyen comunidad desde abajo, demostrando que se puede trabajar con eficiencia sin renunciar a los principios de solidaridad y justicia social.
En definitiva, el nuevo contrato inaugura una etapa de consolidación para el sector. En un contexto de emergencia climática y creciente desigualdad, la valorización de residuos no puede desligarse del respeto a los derechos laborales ni del compromiso con una ciudad más equitativa. Porque, como repiten desde las cooperativas: sin clasificadores, no hay reciclaje posible.
Desde la FCPU se acompañó durante 2019 y 2020 en la conformación de las cooperativas, y además desde el área de Formación se realizaron diversos cursos entre 2021 y 2022.
fuente: www.fcpu.coop.uy
