El lunes 8 de noviembre de 2021 varias organizaciones de la sociedad civil convocaron a una Conferencia de Prensa para advertir “sobre el franco retroceso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados desde la asunción del actual gobierno nacional en marzo de 2020”. La Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay es parte de estas organizaciones al tener en su base varias cooperativas comprendidas dentro de esta política pública; desde cooperativas que gestionan Centros CAIF, Club de Niños a Cooperativas de Cuidadores y Cuidadoras y Centro Nocturnos.
A continuación se expone el comunicado firmado por las siguientes organizaciones: Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al desarrollo (ANONG), Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Uruguay), Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), Red Pro Cuidados, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas de Uruguay (ONAJPU), Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP), Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES), Valentina Perrotta como representante de la Universidad de la República en el Comité Consultivo de Cuidados
Esta situación tiene como agravante, además, el contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y sus sabidas consecuencias sociales. Desde hace más de un año y medio estamos combatiendo una pandemia que evidenció en nuestros hogares y nuestras relaciones cotidianas la importancia del cuidado de la vida de las personas. Las familias debieron incrementar de manera notoria sus tiempos dedicados a los cuidados. En contraste, y mientras en el mundo los Estados fortalecieron sus políticas sociales, Uruguay optó por el debilitamiento de su principal política pública en la materia.
Desde la creación del Sistema de Cuidados en 2016, los cuidados son un derecho humano reconocido y consagrado en la legislación de nuestro país. A través de esta política pública de incipiente desarrollo, se han generando progresivamente nuevos servicios y prestaciones, expandiendo los ya existentes y articulando capacidades públicas y privadas para asegurar cuidados de calidad.
Más de 80.000 familias han sido alcanzadas por el Sistema. En infancia, el Sistema de Cuidados significó un efectivo crecimiento del Plan CAIF y de los Centros de Educación Inicial de ANEP, junto a la creación de los Centros de Educación y Cuidados con Sindicatos y Empresas, los Espacios de Cuidados para hijas e hijos de estudiantes de Enseñanza Media, las Casas Comunitarias de Cuidados y las Becas de Inclusión Socioeducativa. Por su parte, para la atención de la dependencia se creó el programa de Asistentes Personales, la Teleasistencia Domiciliaria y se avanzó en la creación de Centros Diurnos, así como en la regulación de los Establecimientos de Larga Estadía para las Personas Mayores.
En paralelo, se ha formado una parte importante del personal para asegurar la calidad de las prestaciones y dignificar tan delicada tarea, al tiempo que se invirtió en la producción de conocimiento que permitiera la toma de decisiones políticas ajustadas a las necesidades ciudadanas.
El Sistema creado a partir de la Ley 19.353 prevé un fuerte componente regulador del Estado en los diferentes niveles y acciones, de manera de garantizar el control y calidad de las prestaciones. Pero todas estas funciones y sus respectivas acciones requieren de una estructura institucional robusta, dotada de los recursos materiales y financieros adecuados. Más importante aún, exige personal calificado, tanto en el área de servicios como en los aspectos organizativos y administrativos, sustrato necesario e imprescindible para sostener la calidad, eficacia y eficiencia del sistema.
Desafortunadamente, los cambios institucionales realizados en el último año y medio han incidido negativamente en el desarrollo del Sistema, lo que genera grave preocupación en las organizaciones comprometidas en proteger el derecho a los cuidados de calidad para todas las personas y en hacer cumplir la ley.
A continuación, destacamos los principales asuntos de preocupación que desde las organizaciones sociales y académicas venimos denunciando:
- El tardío e incompleto Plan Nacional de Cuidados 2021-2025 carece de objetivos, recursos y mecanismos de evaluación. Estas omisiones revelan una gran contradicción con el discurso oficial sobre el uso eficiente de los recursos. Todo esto atenta contra la transparencia pública y la participación ciudadana.
- La indefinición y opacidad sobre los montos presupuestales asignados en la Rendición de Cuentas para la implementación de la Política de Cuidados genera gran incertidumbre sobre el desarrollo de programas ya existentes (por ejemplo, CAIF) y sobre el destino de los modelos de atención recientemente creados (Centros de Día para personas mayores, Centros de Cuidados entre Sindicatos y Empresas, entre otros).
- El debilitamiento de los servicios y la atención a las personas. En el caso del programa de Asistentes Personales no se han evaluado a nuevos solicitantes ni se han producido nuevos contratos para incorporar al programa a personas ya evaluadas. Las personas con dependencia severa no tienen hoy los servicios que le corresponden y no hay señales de que sus necesidades sean contempladas.
- La discontinuación de la formación de Asistentes Personales a lo largo de todo este período impide la necesaria capacitación del personal, hecho que atenta contra la calidad de la atención y contra las fuentes laborales.
- La fusión del Sistema de Cuidados con el Programa de Atención a la Discapacidad debilita a la política, confunde sus objetivos y limita su autonomía política y presupuestal.
- La llamativa rotación de autoridades del Sistema (3 directores en menos de 18 meses) ha significado orientaciones erráticas y contradictorias.
- Los cambios institucionales en el Sistema de Cuidados dificultan la participación social y el monitoreo público de las políticas. La información compartida por las autoridades es parcial, fragmentada e irregular, por lo que la posibilidad de incidencia en la política es casi nula. La participación de la sociedad civil se ha desdibujado y pretende limitarse a un rol pasivo y ocasional, no pudiendo cumplir su rol propositivo y de monitoreo.
- La limitación de los cupos de acceso a los servicios para personas con dependencia severa hasta 2025, en tanto se prevé un gasto cero para el Programa de Asistentes Personales. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a rever la orientación de esta política, que se ha traducido en el debilitamiento institucional y de las prestaciones, en incertidumbre para las personas usuarias y sus familias, así como en opacidad sobre el futuro y el rumbo del Sistema de Cuidados.
Alianza de organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad
fuente: www.fcpu.coop
